Aguas del Tunari y Bechtel extorsionan a Bolivia

Por Pablo Solón

En 1999 Aguas del Tunari, una subsidiaría de la transnacional norteamericana Bechtel, se hizo cargo de la prestación de servicio de agua potable en Cochabamba y subió las tarifas en más del 50%. En abril del 2.000, la “Guerra del Agua” echó a la transnacional y recuperó la empresa para los cochabambinos. Un año después, Aguas del Tunari-Bechtel demandó a Bolivia ante un panel de arbitraje del Banco Mundial por 25 millones de dólares, siendo que a lo sumo gastó medio millón de dólares según declaraciones del ex ministro de Comercio Exterior. ¿Cómo fue posible ésto?

Al momento de la firma de los contratos, Aguas del Tunari tenía su domicilio legal en las Islas Caimán. El 4 de noviembre de 1999 Aguas del Tunari vendió parte de sus acciones a una empresa italiana y cambió de domicilio de las Islas Caimán a Holanda para ampararse en el Tratado Bilateral de Inversiones, suscrito en 1992 entre Holanda y Bolivia. Según este Tratado, las disputas entre inversionistas holandeses y el Estado de Bolivia deben resolverse en paneles de arbitraje internacional. Por eso la Bechtel norteamericana abrió una casilla postal en Holanda: para forzar a Bolivia ir a un tribunal secreto internacional dependiente del Banco Mundial.

Bechtel es una empresa de San Francisco (EE. UU) que el año 2001 reportó ingresos por 14,3 mil millones de dólares. Es decir dos veces todo lo que produce el país en un año y casi 10 veces el gasto público de Bolivia. Los 25 millones de dólares que exige la Bechtel representan para Bolivia los sueldos por un año de 3.000 médicos rurales o los salarios por un año de 12.000 profesores fiscales; o 125.000 nuevas conexiones de agua potable en Cochabamba. Para la Bechtel, 25 millones de dólares representan los gastos de una semana y media de papelería.

Tribunales secretos para las transnacionales

Los “tribunales de arbitraje internacional” están compuestos por tres personas: un representante de la transnacional que demanda, otro del país demandado y un tercero acordado entre las partes. El panel de arbitraje donde se juzga a Bolivia es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Como Aguas del Tunari y Bolivia no se pusieron de acuerdo para nombrar a la tercera persona, el Banco Mundial nombró al árbitro dirimidor. O sea que el Banco Mundial que promovió la privatización del servicio de agua potable en Cochabamba ahora nombra al árbitro que define. Los procesos de arbitraje del CIADI son cerrados al público y a la prensa. No se basan en las leyes nacionales. Los árbitros definen la normativa que aplicarán y fijan sus propios procedimientos. Sus decisiones son inapelables y si el país no cumple con sus determinaciones está sometido a sanciones económicas y comerciales.

Indemnización por ganancias futuras

Estos tribunales de arbitraje secretos, consideran indemnizaciones no sólo por las inversiones realizadas sino también por las ganancias futuras que habrían perdido las transnacionales debido a disposiciones de los gobiernos nacionales. Imagínense que un municipio le expropia a un vecino su casita de un piso para construir un centro de salud. ¿Cómo se calcularía la indemnización a ese vecino? Se tomaría en cuenta el valor del terreno y el costo de la construcción de una planta. Pero esto no es lo que pediría una transnacional. Ella exigiría una indemnización por los 20 ó 30 pisos que hubiera podido haber construido sino le habrían expropiado su propiedad. Esa es la lógica bajo la cual la empresa Bechtel, que a lo sumo gastó medio millón de dólares en Cochabamba, exige 25 millones de dólares.

¡Respetar la Constitución!

El Art. 24 de la Constitución de Bolivia dice: “Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas”. Cualquier demanda de la Bechtel-Aguas del Tunari debe ser juzgada en Bolivia. El gobierno de Bolivia debe respetar la Constitución y retirarse de este panel de arbitraje secreto y parcializado. Los bolivianos no podemos permitir que estas cortes supranacionales definan sobre nuestras vidas.

En todo caso, éste es sólo el inicio de una realidad que posiblemente se manifieste de manera más brutal los próximos años si es que nuestro país decide ingresar al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Como se sabe, el ALCA está siendo promovido por los distintos gobiernos latiniamericanos, y ese acuerdo no es otra cosa que la generalización de estas cortes para todo el continente americano. Mañana cualquier empresa que no quiera someterse a la legislación boliviana lo único que hará será conseguirse unos socios extranjeros.

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